Denuncian falaz campaña de desacreditación contra colegios católicos de Argentina

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La Federación de Asociación Educativas Religiosas de la Argentina (Faera) condenó las agresiones, descalificaciones y mentiras que “sufren muchos colegios católicos” por defender su ideario institucional.

En la declaración difundida el 4 de diciembre Faera desmintió que los colegios católicos rechacen la “normativa vigente en materia de educación sexual integral”. Es una “injusta y falaz campaña de desacreditación”.

“La manipulación de información y de sucesivas falacias”, explicó Faera, cercena “tres derechos humanos fundamentales” que deben ser “reconocidos y protegidos por todos, en primer lugar por el Estado”.

“Se trata de desdibujar el papel primario de los padres como educadores de sus hijos; se intenta limitar la libertad de enseñanza; se busca menospreciar la libertad religiosa y de conciencia de cada persona”, describió.

Faera alertó que detrás de cada noticia falsa se esconde un debate que trata sobre la “configuración del modelo educativo argentino, entre la efectiva libertad de enseñanza o la hegemonía estatal uniformadora”.

En ese sentido, “se pretende naturalizar, en materia de pensamiento, una cierta hegemonía estatal sobre la pluralidad de enfoques y miradas existentes en la sociedad. Todo ello en un ambiente social, cultural y mediático donde prima la descalificación de todo lo religioso y más particularmente, de lo católico”.

La federación advirtió que esas posturas “alejan” la posibilidad de “ser una sociedad plural, abierta, donde se puedan expresar diferentes opiniones y se encuentren diversos caminos en procura del bienestar general”.

“Cuando dirigentes y funcionarios menosprecian el valor de los idearios institucionales desconocen la pluralidad a la hora de cumplir con los programas y los contenidos y pretenden imponer una única mirada, un único sentido, una ideología”, aseguró.

En materia educativa, Faera insistió que es legítimo que el Estado diseñe, “en diálogo con todos los actores del sistema, las políticas que favorezcan una educación integral, de calidad y para todos”, pero “no se puede ejercer negando los derechos esenciales de los ciudadanos, porque enseñar y aprender en un marco plural y democrático es la concreción, en el siglo XXI, del principio de libertad de enseñanza”.

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